Al término de una reunión con los representantes diplomáticos acreditados en Caracas que asistieron a la conferencia internacional convocada el 25 de abril último en Colombia por el presidente Gustavo Petro, el diplomático señaló que esa decisión de Washington se contrapone a los avances alcanzados en ese encuentro.
Subrayó que su Gobierno expresó “la burla que ha significado esta licencia” en contra del espíritu de la reunión del pasado mes.
El jefe de la diplomacia bolivariana manifestó que la mayor parte de los 20 países que acudieron a la cita de Bogotá lo hicieron con buena fe y ganas de aportar soluciones en las negociaciones que impulsa el Ejecutivo nacional con la oposición venezolana, la cual está amparada por Washington, apuntó.
Gil expresó que el resultado, una semana después, ha sido esta licencia que trata de “consumar un robo de nuestra principal industria petrolera en ese país, como es Citgo”, valorada en más de ocho mil millones de dólares por las autoridades de Caracas.
El canciller destacó que, en la conferencia en Colombia, de manera casi unánime, se pidió al gobierno estadounidense iniciar un proceso de levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, no solo porque son ilegales y contrarias al derecho internacional, sino porque ello también facilitaría el diálogo en Venezuela.
Remarcó que el zarpazo dado por el Gobierno norteamericano en contra de esa reunión, quedó consumado el 1 de mayo, fecha en la que la OFAC emitió su licencia, señaló una nota de prensa del ministerio para las Relaciones Exteriores.
El alto funcionario anunció que seguirán informando a cada una de las cancillerías la situación que implica el abuso de Estados Unidos con esta licencia, que es contraria a la legislación internacional y a la Constitución bolivariana.
En declaraciones a la prensa nacional y extranjera este miércoles, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez ratificó la decisión de Venezuela de desconocer cualquier acción relacionada con la Licencia 42.
Rodríguez responsabilizó a la administración estadounidense de esta decisión y ahora se presentan como víctimas ante la comunidad internacional al decir que “no tienen nada que ver”.
Señaló que esta es una licencia sin precedentes que favorece a grupos económicos, fundamentalmente estadounidenses, y subrayó que la administración de Joe Biden se sirvió de un tribunal para su propio beneficio, además de seguir financiando a grupos de la oposición.
Rodríguez aseguró que su Gobierno actuará de manera coordinada en la defensa de sus intereses, derechos y del patrimonio de los venezolanos, y ratificó que no reconocerán ninguna negociación y tipo de acuerdo de pago alguno, a acreedor que no esté avalado por el Estado.
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