Por Luis Manuel Arce Isaac
Corresponsal jefe de Prensa Latina en México
Fue decretado bajo la presunta intención de cuidar la salud de los estadounidenses en épocas de la pandemia de Covid-19, sin contar ni consultar a los vecinos de los países asociados a Estados Unidos, afectados en directo y, en particular, México, con el cual comparte tres mil 152 kilómetros de frontera.
Los republicanos, inventores del decreto, avivan ahora con fines electorales la posibilidad de preservarlo con los mismos argumentos de Trump para aplicarlo, e impedir que Joe Biden lo suspenda.
A partir de ese momento, aseguran, habrá una avalancha indetenible de migrantes a lo largo de la línea fronteriza mexicana.
Biden ha respondido a la siembra de esos miedos, con el anuncio de un fortalecimiento de mil 500 soldados más que se unen a los dos mil 500 ya desplegados en numerosos puntos limítrofes, y exige que el gobierno de este país haga lo mismo, despliegue tropas, cosa que no ha ocurrido.
Ultraconservadores como los senadores republicanos Ted Cruz, John Cornyn y Lindsey Graham -quienes sueñan con invadir militarmente a México para combatir el tráfico de fentanilo- son los principales atizadores del fuego que quieren encender cuando desaparezca el título 42, y “pronostican” incluso más de un millón de migrantes ilegales tratando de entrar a territorio del norte después del 11 de mayo.
Ya es muy difícil revertir el final del decreto por el cual Estados Unidos expulsó a 2,3 millones de personas hacia México desde 2020 hasta marzo de este año, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Pero ahora para México el problema ya no se centrará en ese título, sino en el 8 que lo sustituirá y que Biden ya anunció lo usará para aplicar medidas enérgicas, incluida la militarización mencionada, a fin de reducir los cruces irregulares.
La amenaza es directa contra los migrantes que intenten cruzar el río Bravo después del 11 de mayo, pero sus consecuencias las sentirá México, porque ese pliego constitucional prevé que todo extranjero que pretenda ingresar de forma ilegal o indocumentada a territorio estadounidense será devuelto, expulsado y con consecuencias penales.
Es decir, los devolverá y quitará el derecho y la posibilidad de volver a intentar ingresar, incluso hasta por la vía legal.
Eso será válido para todos los ciudadanos de cualquier país que intenten entrar a Estados Unidos por cualquier vía sin documentos migratorios legales.
Ya el canciller Marcelo Ebrard dijo que el gobierno de México no admitirá a miles de migrantes devueltos, pero esto no ha empezado todavía, pues la política de expulsión se mantendrá bajo ese otro acápite, al igual que los intentos de ingresar sin papeles, aunque probablemente con mucho menor incidencia que en la actualidad, según fuentes mexicanas.
Ebrard reconoció que el intento de Biden es válido en tanto y cuando su compromiso de otorgar visas a unos cinco o seis países emisores de migrantes va por el camino correcto, aunque las cantidades prometidas no se comparan con las altísimas cifras del éxodo de estos últimos años hasta hoy.
La obtención de visas es una odisea y no es una vía expedita, más bien lenta y, según explicaciones de las propias autoridades de Estados Unidos comenzarán a operar Centros Regionales de Procesamiento en Colombia y Guatemala para tramitar solicitudes de asilo, permisos laborales o reagrupación familiar de los centroamericanos -solo ellos- y esas son las horcas caudinas por debajo de las cuales deberán de pasar los candidatos de esa región a ganarse una visa.
Los extranjeros podrán hacer una cita desde su teléfono para visitar el centro que les corresponda antes de viajar y ser entrevistados por especialistas en inmigración, y solo si reúnen los requisitos su solicitud se procesará, y eso será válido también para quienes busquen ingresar a Canadá y España que, según el Departamento de Estado y Migración, cooperarán con Washington al respecto.
Paralelamente han implementado nuevos procesos del programa de reunificación familiar, llamado ‘Family Reunification Parole Process’, y según el Departamento de Seguridad Nacional, se modernizarán los documentos en esa misma línea para los emisores de los países del Caribe, pero con la advertencia de que solo las personas validadas podrán ingresar a Estados Unidos por esa vía familiar.
De nada valdrá que haitianos y ciudadanos de otros países se lancen al agua para tratar de llegar a las costas o cayos estadounidenses y de allí ingresar a territorio continental, y además serán sancionados penalmente y perderán su posibilidad de hacerlo por vía legal mediante los mecanismos que se implanten.
Paralelamente, como parte de acuerdos vigentes con Panamá y Colombia, se implementará después del 11 una campaña enérgica de 60 días para desarticular las redes delictivas en la región del Darién que facilitan el desplazamiento ilícito de personas.
En ese mismo contexto, en el caso de México ambos países coordinarán acciones para acabar con los denominados “coyotes” o traficantes de personas, aunque Ebrard dijo que esa política la llevarán el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación las cuales anunciarán las medidas posteriores a la eliminación del título 42 que contarán con el apoyo de las secretarías de seguridad, ciudadana, defensa, marina y Guardia Nacional.
No obstante, México persiste en que, si bien el otorgamiento de visas a varios países es muy positivo a pesar de lo engorroso del trámite, es insuficiente para detener el flujo migratorio masivo por lo cual es necesario que se cumpla de forma rigurosa con las cifras comprometidas, y si es posible aumentarlas.
Pero más allá de esa responsabilidad, lo sustancial sigue siendo atacar las causas del éxodo, con la aplicación de programas sociales en los países emisores, un cambio radical en la política de vecindad sin bloqueos ni injerencias, cooperación al desarrollo, en la creación de empleos, pero de forma inmediata, y eso no aparece en los planes anunciados por Biden.
arc/lma
