La fórmula que llevarán adelante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía y el grupo Ecopetrol contempla el establecimiento de mesas técnicas conjuntas para evaluar diferentes alternativas a la hora de calcular los precios de la gasolina y el diésel en la nación.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por las instancias, buscan «contribuir de manera fiscalmente responsable a la gradualidad del proceso de la mano de una estrategia transparente en el manejo de precios de los subsidios de los combustibles y el costo de oportunidad de proveer el mercado nacional.»
Entre las acciones previstas figura la creación de mecanismos de estabilización diferenciales para afectar menos a quienes tienen recursos mínimos, mayores controles a los combustibles distribuidos con beneficios económicos y tributarios en zonas de frontera y revisiones regulatorias que permitan identificar eficiencias en el sector.
Dichas acciones deben tributar a la disminución del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FECP) -ascendente en 2022 a los 37 billones de pesos colombianos (siete mil 100 millones de dólares).
Ese es uno de los mecanismos instaurados para atenuar y equilibrar el impacto de las subidas y bajadas del costo internacional del petróleo sobre el valor de los combustibles líquidos en la nación.
Según los expertos colombianos, la alta cifra obliga a iniciar gradualmente el desmonte del subsidio, aumentando progresivamente el precio de los combustibles hasta equipararlo con el precio real del mercado.
Refieren además el gasto público que se asigna al pago de menores precios de los combustibles fósiles en el mercado doméstico que se distribuye en gran medida a los hogares con ingresos superiores del país y, por tanto, resulta inequitativo.
Tras asumir el poder, la administración de Gustavo Petro logró pagar el déficit del FECP correspondiente a 2021 con recursos del presupuesto nacional y con los dividendos que le produjo el grupo empresarial Ecopetrol, cuyo ingreso es clave para el financiamiento de las inversiones y políticas sociales.
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