El 1 de septiembre de 2022, un individuo llamado Fernando Sabag apuntó con una pistola a la cabeza de la exjefa de Estado, pero el arma no se disparó.
El hombre, su novia Brenda Uliarte y otro sospechoso (Gabriel Carrizo) permanecen detenidos.
En tanto, la jueza María Eugenia Capuchetti se negó a analizar los lazos de esas personas con la organización ultraderechista Revolución Federal, la cual recibió financiamiento de la compañía Caputo Hermanos, cuyos dueños están relacionados con el expresidente Mauricio Macri.
Según el diario Página 12, la exasesora del diputado Gerardo Milman y testigo del caso, Ivana Bohdziewicz, declaró el viernes que la llevaron a las oficinas de la líder del partido Propuesta Republicana (PRO) y aspirante a la Presidencia de este país, Patricia Bullrich, donde un perito borró el contenido de su celular.
En un comunicado, los senadores calificaron lo ocurrido de muy grave e instaron a indagar con detenimiento.
Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo deben investigar todas las pistas vinculadas al intento de magnicidio, ocurrido hace más de ocho meses. Tenemos que conocer quiénes son los autores materiales, intelectuales y, eventualmente, quiénes financiaron el atentado, señala el texto.
Necesitamos contar con una justicia que cumpla su función y no sea cómplice ni encubridora de un hecho tan aberrante, añade.
El reclamo de los senadores se sumó al de los diputados del FdT y el ministro de Justicia, Martín Soria, quien aseguró que Capuchetti no puede seguir al frente del caso.
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