“Los traficantes de personas han estado difundiendo información falsa de que la frontera estará abierta después del 11 de mayo. No lo estará. Están mintiendo”, dijo Mayorkas en conferencia de prensa.
“A las personas que están pensando en hacer su viaje a nuestra frontera sur, sepan esto: los contrabandistas solo se preocupan por las ganancias, no por las personas. No creas sus mentiras. No ponga su vida y los ahorros de su vida en manos de organizaciones despiadadas”, puntualizó.
El secretario advirtió a las personas que no arriesguen sus vidas y sus fondos “solo para ser expulsados de los Estados Unidos, cuando lleguen aquí”, agregó.
Enfatizó que, aunque “los contrabandistas controlan las rutas migratorias”, el gobierno trabaja para “eliminar a los contrabandistas” y “llegar a las personas calificadas donde están” para proporcionar rutas legales.
También explicó que la administración está “enviando personal a la frontera” para apoyar a las fuerzas del orden locales mientras los estados a lo largo de la frontera sur están listos para una esperada oleada de inmigrantes cuando se levante el Título 42.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recalcó desde hace días que la expiración del Título 42 no significa que la frontera esté abierta.
La política, que fue enmarcada por la administración de Donald Trump (2017-2021) como una orden de salud cuando se implementó por primera vez, finaliza el jueves 11 de mayo con la expiración de la declaración de emergencia nacional por la pandemia de Covid-19.
A partir de ese momento el procesamiento de migrantes volverá al sistema utilizado bajo el Título 8, que tiene consecuencias más severas para la migración irregular, señalan expertos.
Un individuo expulsado bajo el Título 8 enfrenta una prohibición mínima de cinco años para volver a ingresar a los Estados Unidos y podría ser procesado penalmente si lo intenta nuevamente.
El DHS implementó esta nueva regla que asume que aquellos que no utilizan vías legales para ingresar al país no son elegibles para el asilo, lo que permite su expulsión, un movimiento que, según el departamento, tiene como objetivo incentivar el uso de las vías legales.
La administración además está abriendo centros regionales de procesamiento para ayudar a facilitar las vías legales en los países de origen de las migrantes.
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