Aunque las autoridades electorales no han definido una fecha exacta, se espera que entre agosto y septiembre los ecuatorianos acudan a las urnas para pronunciarse sobre la actividad extractiva de recursos no renovables.
Si bien serán dos preguntas diferentes, es posible que ambos cuestionamientos se sometan a votación de manera simultánea, por los costos que demanda un proceso electoral.
Desde febrero de este año, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene pendiente convocar a la consulta sobre el Chocó Andino, que sólo se realizará a los habitantes de la capital del país, donde se encuentra esa zona.
La propuesta del colectivo Quito sin Minería busca suspender la explotación dentro del área rural, declarada Reserva de la Biosfera, donde habitan especies endémicas en peligro de extinción.
Por su parte, la solicitud de la organización YASunidos, que estuvo en trámites legales durante 10 años, consiguió esta semana la aprobación de la Corte Constitucional para realizar la consulta a nivel nacional sobre la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní ITT, en la Amazonía.
De acuerdo con los análisis de los magistrados, una eventual aprobación de este plebiscito implicaría que se suspenda la explotación petrolera de unos 55 mil barriles diarios y para el Gobierno eso sería un problema, porque dejaría de percibir más de mil millones de dólares.
En opinión del activista Agustín Grijalva, la posición del Estado es la de “confundir”, pues la “economía no colapsaría” si hay respaldo ciudadano a la propuesta de preservar una de las áreas con mayor diversidad por metro cuadrado del planeta.
La solicitud para ambas consultas, respaldadas por miles de firmas, reflejan la preocupación por la conservación ambiental y la protección de especies en Ecuador, aunque el Gobierno lo ve como un desafío en el plano económico.
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