La consulta fue convocada de manera urgente por el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez y sesionó en dos mesas de trabajo, una en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo y la otra en el Salón Francisco de Miranda, además de enlazarse por vía telemática con los 24 estados del país.
El primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior Julio José Zerpa explicó que entregaron un instructivo para recolectar propuestas y un buzón para discutir la ley, que tiene dos capítulos y 11 artículos.
Como parte del proceso de discusión, el diputado Jesús Faria, manifestó que la normativa legal pretende fortalecer al Estado venezolano en la búsqueda de los bienes confiscados en el exterior por agentes externos.
El legislador señaló que no poder acceder a esos bienes ocasiona “terribles consecuencias económicas al pueblo”, por lo que se debe castigar a quien sea cómplice de este tipo de delito, afirmó.
Otro diputado explicó que la comisión designada al efecto por la dirección del Parlamento trabajará el fin de semana para integrar la información enviada y el venidero lunes volverán a reunirse con el objetivo de redactar el informe de la ley que presentarán ante la Directiva de la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional creó una comisión mixta dirigida por el diputado Diosdado Cabello e integrada por miembros de las comisiones permanentes de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional; de Política Exterior, Soberanía e Integración; y de Contraloría.
Este grupo de trabajo sistematizará las propuestas para elaborar el informe final a presentar en plenaria.
Participaron en la audiencia los organismos de justicia, seguridad y defensa de la nación, además de estudiantes y representantes de las facultades de derecho, la Universidad Nacional para la Seguridad, el Parlamento Comunal, jóvenes y los jefes de los bloques estadales parlamentarios.
En su sesión ordinaria del pasado 2 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión y por unanimidad este Proyecto de Ley, que tiene por objetivo combatir el crimen organizado y los delitos económicos novedosos, que no tienen precedentes en el país y trascienden la historia republicana.
La propuesta de este proyecto de ley surgió a raíz de la decisión del gobierno de Estados Unidos de despojar a Venezuela de la empresa Citgo a través de una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento del Tesoro, aprobada el 1 de mayo.
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