Durante una visita a la provincia de Punjab, el mandatario señaló que esos actos, ocurridos el 9 de mayo, infligieron graves daños a propiedades públicas y privadas de ese territorio.
Sharif fijó un plazo de 72 horas para que los organismos encargados de hacer cumplir la ley arresten a los implicados en los incidentes como el incendio de la casa histórica de Jinnah, la comandancia del ejército.
Calificó de estado de dolor absoluto el sentimiento nacional con lo ocurrido, a excepción de los partidarios de Imran Khan, dijo, que actuaron como enemigos del país.
Afirmó que deben enfrentar la ley de acuerdo con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes.
Por otra parte, manifestó la necesidad de mejorar el número de tribunales antiterroristas en la provincia y aseguró que ya dio instrucciones precisas al ministro de Justicia para aumentarlos.
Tras la detención de Imran Khan, simpatizantes del exprimer ministro quemaron árboles y dañaron propiedades, y arrojaron bombas de fabricación casera y piedras a transeúntes y conductores.
La principal acusación sobre Imran Khan se relaciona con el caso de Al-Qadir Trust, sobre un supuesto acuerdo entre su Gobierno y un magnate inmobiliario que provocó una pérdida de 50 mil millones de rupias, alrededor de 612 millones de dólares.
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