En un paso en esa dirección, este miércoles la comisión de Seguridad del Senado aprobó por tres votos de la oposición y dos en contra de la derecha, legislar sobre un proyecto que propone un indulto general a esas personas por razones humanitarias.
Sobre ese texto, que ya fue respaldado en la comisión de Derechos Humanos, el senador Francisco Huenchumilla, de la Democracia Cristiana, aseguró que se trata efectivamente de presos políticos, porque su detención ocurrió en un contexto de enfrentamiento político.
Pero el senador de derecha Iván Moreira consideró que el proyecto busca ‘que no se investigue nada ni se castigue a nadie y que prime la impunidad’, a tono con lo expuesto por el Gobierno, para el cual esas personas delinquieron y fueron juzgadas por los tribunales.
En tanto, esta tarde adecenas de manifestantes exigieron frente al palacio de La Moneda libertad para los presos durante el estallido social. Una demostración similar ocurrió por la mañana y terminó en enfrentamientos con fuerzas policiales y al menos 11 arrestados.
Además, a los reclamos expresados en los últimos días por los candidatos presidenciales Daniel Jadue, del Partido Comunista, y Gabriel Boric, del Frente Amplio, a favor de los presos políticos, hoy se sumó la candidata por el Partido Socialista, Paula Narváez.
Narváez denunció que ‘lo sucedido con los presos de la revuelta es absolutamente inaceptable, porque no ha habido un debido proceso y existe una clara discriminación’ y exigió una salida política al problema.
A ese reclamo se sumaron en un comunicado 22 integrantes de la recién electa convención que redactará la nueva Constitución, los cuales demandaron la ‘libertad inmediata’ de todos los presos del estallido social, especialmente de los menores de edad.
Esos constituyentes independientes, miembros de la Lista del Pueblo, señalaron que ‘a los miles de detenidos desaparecidos y otras violaciones de derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet que siguen impunes, se suma ahora esta gravísima situación.
El comunicado puntualiza que desde la revuelta de octubre de 2019, ha habido cientos de personas privadas de libertad, condenas desmesuradas, procesos injustos y dilatados, montajes orquestados por carabineros y medidas cautelares sin objetividad e imparcialidad.
Asimismo cifraron en dos mil 500 los detenidos hasta marzo último en prisión preventiva por hechos acaecidos en manifestaciones, muchos de ellos menores de 15 años, y advirtieron que en Chile ‘se encarceló y encarcela la justa lucha por demandas sociales’.
Los firmantes expresaron su apoyo a las demandas de las agrupaciones de familiares de los encarcelados y llamaron a los constituyentes electos a sumarse a esta exigencia.
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