Las instancias acusan al mandatario de detener ‘ilegalmente’ a un juez de Casación, despedir a tres magistrados y nombrar su remplazo a través de un decreto, lo que consideran constituyen violaciones de la carta magna.
El comunicado además advierte sobre las recientes acciones del Gobierno que socavan los fundamentos del Estado de derecho y la independencia del Poder Judicial, aseguraron.
De esta manera, acordaron realizar un paro laboral ‘hasta que el Ejecutivo atienda a la razón y respete la Constitución, las Leyes de la República y las Convenciones Internacionales que consagran el principio de separación de poderes y la independencia del poder judicial con el fin de evitar el colapso total de las conquistas democráticas’, se lee en la nota.
La huelga será efectiva a partir del lunes próximo y hasta tanto el Gobierno se retracte de los decretos ‘tomados al margen de la Constitución’ y reincorpore al secretario Christophe Espérance, que aseguran fue despedido ilegalmente por asistir a la audiencia de Habeas Corpus iniciada a favor del juez Yvikel Dabrésil.
La semana pasada, los magistrados también protagonizaron un paro contra la detención de Dabrésil, acusado por ‘conspiración contra la seguridad interna del Estado’, y quien permaneció arrestado durante cinco días.
Dabrésil fue inculpado por el gobierno por su presunta participación en un golpe de Estado y magnicidio, que también involucró a una inspectora general de la Policía, y otra veintena de personas.
La víspera las asociaciones de magistrados reiteraron las irregularidades del proceso contra el juez, pues dos tercios del Senado debieron aprobar la detención, sin embargo desde enero de 2020, la Asamblea Nacional (parlamento) perdió a todos sus diputados y a la mayoría de los senadores.
No obstante, recordaron a los jueces su deber de ser neutrales y no implicarse en asuntos políticos.
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