En consecuencia, este sábado el Ejecutivo federal ordenó la ocupación temporal de las tres líneas concesionadas a Ferrosur, empresa integrante del grupo minero del multimillonario Germán Larrea, segundo hombre más rico de México después de Carlos Slim y responsable de que aún permanezcan sepultados en la mina Pasta de Conchos 63 mineros.
Un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación estableció como justificante la seguridad nacional para declarar la utilidad pública de tramos de vías que van de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, en Veracruz.
La toma ocurrió luego de que, durante la semana pasada, Larrea, dueño de Grupo México, acudió a Palacio Nacional para tratar la adquisición del banco Citibanamex, operación valuada en siete mil millones de dólares.
La ocupación sorprende, pues desde noviembre de 2021, Rafael Marín Mollinedo, entonces director general del proyecto del Corredor Interoceánico, había asegurado que estaban en negociaciones e incluso que se tenía un acuerdo con Grupo México para usar un tramo de su vía en favor del desarrollo del corredor.
Al parecer hubo problemas con la empresa de Larrea, sobre la que pesan decenas de acusaciones de destrucción del medio ambiente con sus minas, daños al manto freático, contaminación de ríos y otros desastres ecológicos.
También el accidente de Pasta de Conchos por violaciones en la infraestructura de seguridad y negativa a rescatar los cadáveres bajo falsos argumentos, pero su imperio no se detiene ni han prosperado las demandas.
De acuerdo con el decreto, se declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras en tales tramos y “se ordena la ocupación temporal inmediata a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho estar sorprendido por una demanda millonaria que interpuso Grupo México contra el Gobierno de la República, luego de que, por incumplimiento de contrato de un tramo del Tren Maya, se encargó la obra a tres empresas más.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le hizo llegar una propuesta a Larrea a fin de elaborar un dictamen por los ingenieros militares respecto a la cuantía de lo que ese grupo construyó e invirtió en el trayecto que va de Playa del Carmen a Tulum y que incumplieron.
La idea era que no se pagara ni más ni menos de lo que realmente invirtieron en un tramo de 60 kilómetros aproximadamente, y aunque mandó a decir que aceptaba, cambió de idea y anunció que demandaría al Gobierno.
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