Al concluir este lunes las 14 sesiones estipuladas en la vía rápida aprobada para esa iniciativa de ley, los miembros del Parlamento tico votan hoy las mociones pendientes de la discusión con debates, todo con el objetivo acelerar su aprobación antes del 7 de junio venidero.
Lo anterior, porque solo la parlamentaria del Partido Liberación Nacional Carolina Delgado, basada en que el proyecto es inconstitucional, presentó 519 mociones a ese texto para impedir su sanción antes de la fecha límite para evitar que una decena de cabecillas de bandas delictivas sean liberados por vencimiento de la prisión preventiva.
El objetivo de esta reforma legal es ampliar los plazos para realizar investigaciones, debates, prisiones preventivas y hasta apelaciones cuando se trate de este tipo de delincuencia, además de extender el tiempo de deliberación y dictado de la sentencia.
Hasta ahora, solo ha sido aprobada una moción, de las 529 en total, pues otros diputados presentaron una decena más, a solicitud del Fiscal General Carlo Díaz para eliminar un transitorio que establecía un tiempo ya concluido para la implementación de la Jurisdicción Especial de Delincuencia Organizada, que no implica un cambio de fondo en la propuesta.
Díaz y los magistrados Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicias, y Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal, disiparon anoche las dudas de los parlamentarios sobre la posible inconstitucionalidad del mencionado proyecto legal, en encuentro con jefes de las fracciones legislativas.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, precisó que pudieron abordar todas las inquietudes o dudas generadas por diferentes intervenciones en el plenario y subrayó que este proyecto es el recomendado por quienes tienen a su cargo la aplicación de la justicia en Costa Rica.
De su lado, Solano apuntó que únicamente la Sala Constitucional puede referirse a un tema de constitucionalidad, a estas alturas de la discusión, ante una consulta que hizo un tribunal de la República y en diferentes amparos y Habeas Corpus, lo que ha dicho la Sala es que es un tema de legalidad que corresponde a los tribunales ordinarios.
Esta reforma es una de las cinco iniciativas legales que buscan combatir la ola de criminalidad que enfrenta Costa Rica, con la cifra récord de unos 345 homicidios en lo corrido de 2023.
En 2022, este país contabilizó 657 asesinatos y una tasa de 12,6 por 100 mil habitantes, ambas también cotas máximas históricas.
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