Mediante un comunicado, el grupo de organizaciones de la sociedad civil expresó que pasos dados acentuaron la disfuncionalidad de los entes encargados de garantizar el Estado de Derecho, defender el ejercicio de las libertades ciudadanas y atender las necesidades de la sociedad.
La actual coyuntura del país es crítica y llegó a este punto por la “irresponsabilidad de partidos políticos”, los cuales no estarían apegados a los requerimientos de las leyes y de las autoridades electorales, últimas que a su vez incumplieron con sus obligaciones, señaló la Misión.
Subrayó que resulta redundante hablar de la crisis política en Guatemala, porque hay “evidencias abundantes” de que “las instituciones erigidas para defender a la ciudadanía se constituyeron en una amenaza para ella”.
Recordó las tantas exposiciones sobre las “anomalías” en las cuales incurren diferentes instancias del Tribunal Supremo Electoral (TSE), errores en las adquisiciones, aplicaciones diferenciadas de criterios para aceptar o denegar candidaturas, entre otras.
Incluyó en el texto deficiencias administrativas que demoran acciones organizativas y decisiones contra la transparencia y el acceso a información clave en un proceso electoral democrático.
La MOE-Gt advirtió a la sociedad de las consecuencias a resolver por la vía judicial, y que en sistemas democráticos se solucionan con elecciones libres, transparentes, plurales y competitivas.
“Coartar estas características destruirá el último puntal que sostiene a nuestra frágil democracia”, remarcó, en abierta referencia a los tres binomios presidenciales fuera de la carrera política por acciones legales en su contra.
En principio destacó aquí la negativa a inscribirse a Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del Movimiento de Liberación por los Pueblos, un caso que llegó hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual confirmó el fallo.
La dupla de Podemos, Roberto Arzú García-Grandos y a David Pineda, espera por la respuesta a una apelación ante la CC, mientras el caso más reciente está relacionado con Carlos Pineda y Efraín Orozco, de Prosperidad Ciudadana.
Estos encabezaban encuestas de inicios de mayo, lo cual movió el escenario previo a las elecciones del 25 de junio próximo, cercana fecha de la definición del nuevo mandatario y vicemandatario, 160 diputados del Congreso, 340 concejos municipales, así como diputados al Parlamento Centroamericano.
El TSE determinó una segunda vuelta de los comicios el 20 de agosto, en vista de que ninguna de las fórmulas presidenciales logre el 50 por ciento más un voto de las papeletas válidas emitidas.
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