En un segundo y definitivo debate, los diputados aprobaron este lunes la reforma, cuyo proyecto establece una serie de cambios de la Ley creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica.
Hace solo unos días, el Fiscal General, Carlo Díaz, explicó que, si la ley no entra en vigor antes del venidero 7 de junio, existe el riesgo de que varios líderes de bandas criminales vuelvan a las calles luego de vencerse su prisión preventiva.
De hecho, el proyecto busca asegurar que los plazos de prisiones preventivas para crimen organizado puedan aplicarse hasta 24 meses y no solo por 12 meses como sucede en estos momentos.
También duplica los términos de tiempo para interponer y tramitar los recursos de apelación de sentencia y casación, así como las adhesiones.
Además, según las autoridades, obliga a aplicar los plazos definidos en el Código Procesal Penal para asuntos de tramitación compleja en jurisdicción ordinaria, sin necesidad de una resolución judicial adicional.
La reforma es una de las cinco iniciativas legales que buscan combatir la ola de criminalidad que enfrenta Costa Rica, con la cifra récord de unos 350 homicidios en lo que trascurre el 2023.
El año precedente, según cifras oficiales, fueron contabilizados 657 asesinatos con una tasa de 12,6 por 100 mil habitantes, estadísticas que baten récords.
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