El asunto se empeora por el hecho de que se trató de una sentencia que quedó firme y deja a la Fiscalía General de la República (FGR) sin opción de impugnar porque, según los jueces, hubo irregularidades en el proceso, lo que casi siempre alegan en estos casos de absolución.
En el fallo de primera instancia el juez determinó que los elementos de prueba que presentó la entonces Procuraduría General de la República fueron insuficientes para acreditar el cargo de delincuencia organizada.
También fundamentó su decisión en que algunos involucrados en el caso no rindieron su declaración de manera libre y voluntaria, sino bajo coacción o tortura, además de que otros de los acusados fueron detenidos ilegalmente por la PGR.
A su vez, el tribunal de apelación confirmó las absoluciones por delincuencia organizada y para efectos de la reparación del daño. El tribunal también exoneró en el mismo proceso a Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala.
La absolución es contradictoria pues las evidencias y pruebas de la comisión del delito son válidas y quedan justificadas con el historial delictivo de esa personas como lo demuestra el hecho de que Abarca seguirá preso porque está sentenciado a 92 años y seis meses de cárcel por secuestro, además de que enfrenta otro proceso por lavado de dinero.
Pero en el criterio del juez su culpabilidad total la borran las irregularidades mencionadas por él y, por lo tanto, quedan invalidadas las pruebas palpables d su participación en la masacre de los jóvenes.
El exalcalde fue señalado por autoridades como presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, por lo cual se le presumía responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, en su modalidad de secuestro.
La sentencia en su contra, dictada hace dos semanas, fue por el plagio de seis activistas en 2013, entre ellos el dirigente del Frente de Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández, quien a la postre fue asesinado por Abarca, según testigos. El homicidio de Hernández, aunque fue denunciado en su momento, no llegó a judicializarse.
El tribunal colegiado de apelación, con sede en Tamaulipas, confirmó la sentencia absolutoria de un juez federal de distrito en favor del exfuncionario.
El impartidor de justicia exoneró también a Flores Velázquez, quien sigue preso, y a otras 18 personas, a quienes se les imputaron los delitos de delincuencia organizada, en sus modalidades de delitos contra la salud y secuestro agravado, también por el caso Ayotzinapa. “No ha lugar a amonestar a los enjuiciados ni a suspender sus derechos políticos y civiles, y se rehabilita a los sentenciados en el goce sus derechos políticos”, resolvió para colmo.
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