En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto en el que prohíbe comprar, utilizar, distribuir, importar y promover el maíz transgénico para consumo humano, aunque dejó abierta la posibilidad de usarlo para otros fines, pero Washington no acepta.
Estados Unidos busca de forma enloquecedora beneficiar a sus productores con superproducción de lo que en México llaman maíz falso o sintético y la vía mejor que estima es que se emplee en las tortillas, tamales y elotes hervidos, donde radica el mayor consumo de un producto que es originario de México.
Aunque aquí la producción de la gramínea es grande, no alcanza para los 127 millones de habitantes y los más de 40 millones de turistas que degustan también en restaurantes y calles el milenario grano, y como se trata de un cliente cercano, los costos de transporte disminuyen.
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, solicitó empezar una disputa en el T-MEC, para enfrentar la decisión soberana de México.
El Gobierno se prepara para enfrentar ese reto e incluso para llegar al extremo no deseado de que la polémica vaya a un panel del acuerdo que procura Estados Unidos donde, según creen, tienen más ventajas para ganar la pelea a sus vecinos.
Se sabe que ese sería un primer paso que puede durar 75 días antes de llegar a un panel o arbitraje, como ya sucedió con las reglas de origen automotriz. El jueves, 64 congresistas republicanos solicitaron a Tai iniciar la disputa.
Hay una fuerte controversia con Washington que expresa de forma reiterada su rechazo a las políticas de biotecnología de México y amenazan con interrumpir las exportaciones estadounidenses a México, sostuvo la funcionaria.
Basada en ese criterio, la representante comercial estadounidense anunció ayer que solicitó consultas bajo el marco de resolución de disputas del T-MEC, por la prohibición de México, a lo cual se unió Canadá, el otro socio del acuerdo trilateral. Ya Tai había solicitado en marzo consultas técnicas.
Los 64 congresistas republicanos que representan a los grandes productores agropecuarios, revelaron sus verdaderos temores al admitir que si Estados Unidos deja de disputar, las políticas mexicanas de rechazo al maíz transgénico pueden repetirse en otras áreas del continente que lo consumen.
Una falta de acción (léase represión), dicen, crearía un peligroso precedente de que las promesas bajo acuerdos comerciales por extensión pueden ignorarse.
En su respuesta, el canciller Marcelo Ebrard consideró que los paneles para resolver controversias son positivos, tras recordar que México ya ganó uno sobre las reglas de origen de la industria automotriz, pero su paisano Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura, prefiere la consulta en el T-MEC.
López Obrador acepta el reto del panel si no hay entendimiento, porque es un asunto muy importante, es la salud de nuestro pueblo, dijo recientemente en una de sus conferencias de prensa mañaneras.
Los republicanos están defendiendo los ingresos de cinco mil millones de dólares de los productores del transgénico, y México la salud de sus ciudadanos, aunque todavía los científicos mexicanos no han sacado a la luz sus opiniones e investigaciones acerca de la importancia de los daños reales de su consumo en el ser humano.
De todas formas, la propuesta de México planteada por el propio López Obrador es que la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios de México, y una agencia calificada de Estados Unidos, hagan un análisis para determinar si hay daño o no a la salud por el maíz transgénico, y argumentó que las semillas transgénicas pueden contaminar las variedades nativas de México.
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