El CARD sostuvo que las partidas para el sector justicia están contempladas en la Ley 194-04, de Independencia y Autonomía Presupuestaria, pero no son depositadas en su totalidad.
Miguel Surun, presidente del Colegio, manifestó que el Poder Ejecutivo «coacciona y obliga al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República a presentar proyectos de presupuestos muy por debajo de los porcentajes dispuestos por la Ley 194-04».
Surun consideró que esa situación «no solo plasma el nivel de sumisión y dependencia de la justicia, sino que genera las falencias y deficiencias en la administración de justicia, que es la principal causa de que existan 18 mil presos en prisión preventiva, en condiciones infrahumanas».
Alertó que los procesos de esas personas se eternizan por falta de fiscales, jueces y personal que no es contratado precisamente por falta de recursos.
Denunció, a su vez, que esas limitaciones imposibilitan el funcionamiento de más de 400 tribunales aprobados por leyes especiales y que gran parte de los actuales laboren en circunstancias deplorables.
También ocasiona, dijo, que los titulares y otros servidores del ministerio Público «reciban salarios pírricos y carezcan de condiciones para perseguir el crimen».
«No hay justicia sin más personal», «No hay justicia sin más condiciones», «Garantía procesal para todos», se podía leer en las pancartas que acompañaron a los abogados por calles de Santo Domingo en protesta por el supuesto desvío de recursos.
jcm/mpv
