Una acción legal provisional dejó fuera del proceso de votaciones al contendiente presidencial por el partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, quien sorprendió y encabezó a inicios de mayo pasado la intención de votos.
Un soplo de aire para su agrupación constituyó la víspera el permiso otorgado para la participación a candidatos a diputados por 11 distritos y de aspirantes a alcaldes.
Sin embargo, los analistas señalan que la judicialización persiste en el evento, los criterios aparentemente arbitrarios, tanto más como lo acontecido en los sufragios de 2015 y 2019.
Lamentan las decisiones que frenaron la inscripción de Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, y de Roberto Arzú, de Podemos.
Políticos que buscaban llegar al Congreso también quedaron fuera, como Alfonso Portillo y Manuel Baldizón, ambos con sentencia condenatoria en cortes de los Estados Unidos por actos relacionados con el lavado de dinero.
En ese contexto, unos 9,3 millones de guatemaltecos acudirán a las urnas el venidero domingo 25 de junio para definir a un nuevo mandatario, vicemandatario, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 alcaldes municipales para el periodo 2024-2028.
Si ninguno de los candidatos presidenciales obtiene el 50 por ciento más uno de los votos, el Tribunal Supremo Electoral fijó una segunda vuelta el domingo 20 de agosto, en la que participarán los dos binomios con la mayoría de las papeletas en la primera fecha.
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