El llamado marco temporal «limita el reconocimiento de la tierra ancestral de los pueblos indígenas a apenas las tierras que ellos ocupaban el día de la promulgación de la Constitución, 5 de octubre de 1988», denuncia Calí Tzay en un comunicado.
Para el especialista, la aprobación de ese criterio podría poner en riesgo las mil 393 tierras originarias en el gigante sudamericano.
Calí Tzay subraya que el período entre 1945 y 1988 estuvo marcado por «gran agitación política y violaciones generalizadas de los derechos humanos en Brasil, incluyendo la dictadura (1964-1985)».
De esta forma, muchos pueblos indígenas fueron «violentamente expulsados» de sus territorios.
«La adopción del marco temporal es contraria a los estándares internacionales. Espero que la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) esté en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos aplicables y que proporcione la mayor protección posible a los pueblos indígenas de Brasil», subraya el relator
La corte superior volvió a analizar el 7 de junio el recurso extraordinario que discute el marco temporal para la jurisdicción de la polémica tesis. Sin embargo, el juicio fue paralizado ese mismo día tras pedido de vista del ministro André Mendonça.
Por las reglas internas del STF, el caso deberá retornar para juicio en un máximo de 90 días. Antes de la solicitud de vista, el juez Alexandre de Moraes votó en contra del proyecto de ley.
Con la manifestación de De Moraes, el marcador del examen está dos a uno contra el marco transitorio.
En 2021, antes de la paralización del análisis, el magistrado Edson Fachin votó en contra de la tesis y el también letrado Kassio Nunes Marques se manifestó a favor.
La Cámara de Diputados aprobó el 30 de mayo, por mayoría, esa medida. Con 283 votos a favor y 155 en contra, la iniciativa pasará ahora al Senado.
Al respecto, Calí Tzay señala que el texto puede «obstruir el proceso de demarcación y exponer a los pueblos indígenas a conflictos, contaminación relacionada con la minería, escalada de violencia y amenazas a sus derechos sociales y culturales».
Insiste en que el enfoque del gobierno brasileño debe ser en «reparaciones históricas para los pueblos indígenas» y en «evitar la perpetuación de más injusticias».
De aprobarse en el Senado, la tesis será remitida al presidente Luis Inácio Lula da Silva para que la certifique o no.
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