La reacción se debe a que la SCJN “cocina” la votación contra un plan alternativo del gobierno para reformar leyes secundarias comiciales aprobado por mayoría simple en el Congreso, conocido como Plan B Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador
Dicha consejería manifestó la posición del Ejecutivo federal en un comunicado en el que rechaza el proyecto de Laynez quien propone la invalidación de la segunda parte de la reforma electoral aprobada hace unos meses por el Congreso de la Unión gracias a la mayoría del partido Morena.
El organismo jurídico del gobierno expresa que, en caso de que los ministros se pronuncien en favor del proyecto de Laynez, “la Corte se convertiría en juez”, pues el planteamiento de ese ministro es agregar circunstancias ajenas a las demandas de los partidos políticos.
Señala que, en su proyecto de sentencia, Laynez pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el Plan B Electoral, lo cual vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional, tal y como lo dispone la Constitución.
La Consejería denuncia que el planteamiento del ministro es declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano.
Laynez había admitido antes la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación precisa para la dispensa del trámite ordinario al aceptar que la corte no podía juzgar los méritos que la Cámara tenga para la urgente y obvia decisión aprobada sobre el Plan B.
Sin embargo, enfatizó la Consejería Jurídica, ahora el letrado cambia su criterio sin exponer razón alguna, y refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo.
La consejería responde que esa “confusión” que atribuye a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas, ni es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión.
Alertó que en caso de aprobarse el proyecto de Laynez como todo hace indicar, la SCJN se estaría transformando en oficina al servicio de minorías parlamentarias, y renunciaría a su papel de revisor de las normas, lo que implicaría anular la voluntad de la población que otorgó mandato al Poder Legislativo para transformar el régimen electoral.
mem/lma
