“La estrategia de las redes de corrupción e impunidad es posicionarse para mantener la cooptación de las instituciones públicas”, afirmó el también catedrático y defensor de los derechos humanos en declaraciones exclusivas a Prensa Latina.
Estas buscan también consolidar la regresión democrática y la deriva autoritaria de la dictadura corporativa criminal, abundó el reconocido autor de ensayos y artículos sobre temas sociales, políticos, entre otros.
DESDE 1985
Desde que se inició la llamada era democrática y terminaron los Gobiernos de dictadura militar en 1985, se aprobó una nueva Constitución Política de la República, recordó Méndez.
Se creó –explicó- el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, para asegurar el principio de alternancia en el ejercicio del Poder Público, cada cuatro años se realizan consultas electorales generales para elegir nuevas autoridades ejecutivas y legislativas.
El TSE es la máxima autoridad en materia comicial, garante de la transparencia y pureza del proceso de elección, sin embargo, después de 38 años es la primera vez que sus magistrados, pierden la confianza de la ciudadanía por actuaciones y decisiones opacas, señaló.
Calificó de ilegales las exclusiones de tres binomios presidenciales (Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), partidos Podemos y Prosperidad Ciudadana) y a candidatos a diputados.
Además, el proceso se ha judicializado mediante la interposición de recursos legales, dando lugar a que sean las Cortes las que resuelven sobre aspectos electorales, enfatizó a esta agencia de prensa.
Agregó que el TSE autorizó la inscripción de candidaturas que tienen prohibición constitucional y otras de aspirantes vinculados al crimen organizado, al narcotráfico o señalados por el Gobierno estadounidense de ser actores corruptos y antidemocráticos.
Por si fuera poco, en su criterio, está la persecución, acoso, amenazas y criminalización hacia periodistas y prensa independiente por denunciar actos de corrupción y destapar los abusos de poder de actores políticos corruptos.
El caso más emblemático –ejemplificó- es el juicio contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín, presidente del extinto diario el Periódico, condenado a seis años de prisión por cargos espurios y sin garantía del debido proceso.
Asimismo, la orden de Alejandro Giammattei, actual presidente de la República de impedir la venta en las librerías de dos libros escritos por reporteros que denuncian la corrupción de los gobernantes, remarcó el experto.
PERSPECTIVAS DE CAMBIO
Méndez aseveró que las perspectivas de cambio son nulas, debido a que la opción posible en ese sentido, del MLP, fue eliminada de la contienda.
El TSE bloqueó la inscripción del binomio presidencial integrado por la líder indígena Telma Cabrera y el ex Procurador de los Derechos Humanos, abogado Jordán Rodas, remarcó.
En las actuales condiciones los partidos que participan y que, según las encuestas de opinión encabezan la intención de voto, no representan posibilidades de cambio, reiteró.
Al contrario, opinó el analista, son más de lo mismo, es decir, corrupción, impunidad, autoritarismo, regresión democrática, intolerancia y violación a derechos humanos.
Sumó a ella la persecución y criminalización de periodistas independientes, de operadores y administradores de justicia que combaten la corrupción y de defensores de derechos humanos y de este territorio centroamericano.
EN OTRAS PALABRAS
Para el defensor de los derechos humanos, las perspectivas son para fortalecer el pacto de corruptos, la regresión democrática, el saqueo de los fondos públicos y la cooptación de las instituciones públicas.
Tal situación, precisó a Prensa Latina, contribuirá a incrementar el deterioro de las condiciones económicas de las grandes mayorías de la población, en particular de los sectores sociales históricamente excluidos, discriminados y marginados.
Aumentará la represión contra los pueblos indígenas que se oponen a las actividades de extracción minera, a la expansión de los monocultivos de caña de azúcar y palma africana y los megaproyectos que afectan y dañan el ecosistema de sus zonas de residencia, concluyó Méndez.
Unos 9,3 millones de guatemaltecos en medio de ese contexto acudirán a las urnas dentro de solo dos días para elegir a un nuevo mandatario, vicemandatario, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 alcaldes municipales para el periodo 2024-2028.
Si alguno de los candidatos no obtiene el 50 por ciento más uno de los votos, el TSE fijó una segunda vuelta el domingo 20 de agosto, en la que participarán los dos binomios con la mayoría de papeletas en la primera fecha.
rgh/znc
