Según la columna del periodista Jamil Chad, en el portal UOL, en los próximos días las autoridades nacionales tendrán que proporcionar respuestas a los expertos de la organización sobre cómo quieren hacer frente a los desafíos y transgresiones estructurales de los derechos humanos en el país.
Tal análisis estaba programado antes de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganara las elecciones de octubre y, a lo largo del último año de la administración de Bolsonaro, Brasil fue obligado a presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos.
Sin embargo, llamó la atención de los especialistas del comité el hecho de que la dirección del político ultraderechista afirmó en los documentos oficiales presentados que no hubo diseminación de odio en su mandato.
En su discurso ante el Comité, la secretaria ejecutiva del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía del Gobierno de Lula, Rita de Oliveira, declaró que, al contrario de lo respondido por el anterior Ejecutivo, en los últimos años, manifestaciones de odio e incitación fueron ampliamente verificadas en «declaraciones públicas de altas autoridades» de ese periodo.
Según De Oliveira, el Gobierno de Lula tomó medidas para enfrentar las raíces del odio y
«afortunadamente, una vez más, las instituciones brasileñas resistieron», afirmó.
La secretaria relacionó el intento de golpe de Estado, perpetrado el 8 de enero en Brasilia, con la actitud de los aliados de Bolsonaro en diseminar el odio.
Denunció que, en esa fecha, «pocos días después de la toma de posesión del nuevo presidente de la República, presenciamos un ataque abierto y extremadamente violento, no solo al patrimonio histórico brasileño, sino principalmente a la democracia de nuestro país».
Señaló que, «con serenidad, las instituciones democráticas actuaron y seguimos adelante».
Informó que el Gobierno creó un grupo de trabajo para desarrollar estrategias de combate al discurso de odio y extremismo, además de proponer políticas públicas de derechos humanos.
Adelantó que ese equipo presentará su informe final en los próximos días, resultado de la labor de diversas áreas gubernamentales, investigadores, líderes religiosos, comunicadores, entre otros.
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