Durante un acto de campaña en Texas, el conservador abogó a favor de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, propuso militarizar la frontera sur y aseguró que culminaría la construcción de un muro en la región limítrofe con México.
“Por décadas, los líderes de ambos partidos han hecho promesas vacías sobre seguridad fronteriza, y ahora es el momento de actuar para detener la invasión de una vez por todas”, declaró DeSantis citado por CBS News.
Añadió que, una vez convertido en mandatario, declarará una emergencia nacional desde el primer día y no descansará hasta que se levante el consabido muro, se cierre “la entrada ilegal y se gane la guerra contra los cárteles de la droga”.
A diferencia del expresidente Donald Trump (2017-2021), DeSantis no insiste explícitamente en que México pagará por la tapia, pero dijo que con vistas a lograr ese fin, su administración haría una recaudación de “remesas de impuestos de extranjeros ilegales” y penalizaría a los países que intenten evadir el cobro.
Sentenció que pondría fin a la llamada política de “atrapar y liberar”, que permite algunas personas vivir en los Estados Unidos mientras esperan una audiencia judicial sobre sus solicitudes de inmigración y asilo.
En cambio, su propuesta exige la detención de indocumentados hasta la fecha de su audiencia, una política que probablemente llevaría a decenas de miles a ser apresados por un período de tiempo indefinido.
Como gobernador, DeSantis ha adoptado políticas polémicas relacionadas con los solicitantes de asilo.
Además de organizar vuelos para llevar inmigrantes hacia los estados del norte de la nación, en una operación que provocó la condena generalizada de los demócratas y loa defensores de los derechos civiles, también firmó una controvertida ley que entrará en vigor el próximo 1 de julio en Florida.
Entre sus disposiciones, la estricta legislación limita los servicios sociales para inmigrantes sin papeles, invalida sus licencias de conducir emitidas por otros estados y obliga a los hospitales que reciben fondos federales a indagar antes sobre el estatus de un paciente con relación a su ciudadanía.
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