El desabastecimiento de agua potable en esa región es considerado grave desde hace mucho tiempo debido a la carencia de infraestructura o a la falta de fuentes naturales que permitan captar agua para un suministro adecuado.
Durante esta semana en esa demarcación, localizada en el externo norte del país, Petro junto a su gabinete ministerial lleva a cabo la campaña «Gobierno con el pueblo», iniciada ayer con un Consejo de Seguridad.
De acuerdo con Ortiz, es «histórica» la presencia del Gobierno del Cambio en La Guajira, lo que ratifica que la intención es gobernar desde las regiones, salir del centralismo de Bogotá y llevar propuestas y resultados a todo el país.
«La idea es mostrar resultados en las regiones, ejecutar, que se vean las obras (…) vienen buenas noticias y estamos convencidos de que este país cambia si cambia La Guajira», agregó.
Recordó que, desde el comienzo de su gobierno, Petro impartió instrucciones a todo su equipo para centrar su atención en La Guajira, ante las dificultades que padece.
Dichas dificultades, fueron motivo de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, la cual declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao.
«Queremos un cambio e iniciamos en el punto más débil, por una región que necesita la ayuda del Gobierno Nacional, que históricamente ha estado olvidada por el Estado», subrayó.
Aseguró que el gobierno quiere cambiar el país y ese cambio debe comenzar desde La Guajira para que ni un niño muera de desnutrición.
Las comunidades y las autoridades wayuu tienen esperanza en el cambio, tienen esperanza en el presidente”, concluyó la consejera Ortiz, quien además reveló que la segunda jornada del llamado “Gobierno con el pueblo” de desarrollará en el departamento de Arauca.
Ese territorio es predominantemente indígena (el pueblo wayuu representa el 48 por ciento de la población del departamento) y tiene el mayor índice de pobreza monetaria en el país (según el DANE, de un 67,4 por ciento en 2021).
Dichos datos se reflejan en la muerte prevenible de personas mayores y niños por desnutrición y causas asociadas, en la falta garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de gran parte de la población y en situaciones de mendicidad y de calle, según la Relatoría Especial sobre esos derechos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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