A través de una carta enviada al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, el Gobierno sandinista recordó que existe una deuda histórica con el pueblo nicaragüense que 37 años después no ha sido saldada por Estados Unidos.
El texto, firmado por el presidente Daniel Ortega y entregado a Guterres por el canciller Denis Moncada, señaló que es una obligación claramente establecida en una sentencia firme de la máxima autoridad judicial internacional.
El 27 de junio de 1986 la Corte Internacional de Justicia emitió sentencia condenando a los Estados Unidos a indemnizar a Nicaragua por todos los daños ocasionados como consecuencia de las actividades militares y paramilitares en contra este país, destacó.
De acuerdo con el documento, la Corte decidió que Washington tenía la obligación legal de reparar económicamente a Nicaragua, pese a que ningún tipo de reparación podía compensar la devastación del país, las pérdidas de vidas humanas y las heridas físicas y psicológicas del pueblo.
Según el escrito, además de los daños humanos y materiales directos, también destacan los gastos de defensa, pérdidas ocasionadas por el embargo; así como las asociadas a la educación, salud, trabajo y seguridad social, entre otros.
“La economía sufrió una reorganización total para poder permitir que la población sobreviviera bajo las condiciones de agresión sometida por los Estados Unidos en todos los aspectos de la vida económica y social del país, además de las agresiones militares y paramilitares”, resaltó.
Asimismo, la misiva recordó que el valor estimado de los daños en marzo de 1988, cuando se presentó la memoria junto con toda la documentación comprobatoria, se estimaba en 12 mil millones de dólares.
El Ejecutivo de esta nación centroamericana asegura que dicho monto no refleja los daños posteriores a la fecha señalada, cuyas consecuencias son verificables actualmente.
“Por ejemplo, hasta el día de hoy el sistema de seguridad social continúa pagando pensiones a los lisiados de guerra y sus familiares, incluidos a aquellos que formaron parte de las fuerzas contrarrevolucionarias”, enfatizó.
De igual modo, la carta hizo referencia a que Managua descontinuó el procedimiento ante la Corte para la determinación del monto debido, pero en ningún momento renunció al cobro de la deuda.
En ese sentido, denunció que lejos de recibir compensaciones, el país es objeto de una nueva modalidad de agresiones, como el intento fallido de golpe de Estado en el año 2018.
“Las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son definitivas y de ineludible cumplimiento, por lo cual Estados Unidos tiene la obligación legal de cumplir con las reparaciones mandadas por el fallo del 27 de junio de 1986”, concluyó.
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