Como ciudadanos corresponsables del destino común de nuestro país, entendemos que, en general, los comicios del pasado 25 de junio transcurrieron en un clima de participación dentro de las normas de respeto y emisión libre del voto, expresaron los obispos.
Mediante un comunicado, destacaron que las instancias de observación reconocidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) manifestaron que los sufragios se realizaron de manera regular.
“Solo en algunos municipios hubo incidentes de alcance local”, describieron en el texto.
La Corte de Constitucionalidad amplió el plazo estipulado por ley para realizar impugnaciones, señaló la asamblea religiosa.
El TSE determinó que en los cinco días de ampliación deben realizarse las réplicas en las Juntas Electorales Departamentales, apuntó.
Pidió a las instancias legales correspondientes que atiendan las impugnaciones presentadas y resuelvan cuanto antes, conforme a lo emanado por la más alta autoridad electoral de la nación.
Ello, agregó la Conferencia, a fin de que los tribunales y cortes implicadas contribuyan a la transparencia y fortalecimiento del proceso de votaciones y que no haya dudas entre la ciudadanía sobre su honorabilidad y apego a lo establecido.
Consideró fundamental que el TSE actúe apegado a la ley de partidos políticos y consecuentemente que la segunda vuelta de las elecciones se realice en la fecha prevista del 20 de agosto.
“El entrampamiento de amparos y contraamparos puede pervertir el sentido de que las elecciones se dirimen en las urnas”, remarcaron los obispos.
Apoyaron la confianza que sigue teniéndose en Guatemala de que es posible depurar y fortalecer el sistema democrático, e invitaron a todos a mantener la firmeza en la oración y en la solidaridad común.
La Corte Constitucional, cuyos fallos son inapelables, aceptó el sábado pasado por la noche un amparo promovido por nueve partidos de derecha y ordenó al TSE suspender provisionalmente “la calificación y oficialización de resultados”.
Analistas calificaron de ilegal la decisión y alertaron que se trata de entrampar el proceso electoral para que no se dé la segunda vuelta presidencial.
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