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Juez de México favorece a empresa privada y busca frenar ley minera

Ciudad de México, 4 jul (Prensa Latina) Las acciones de servidores del Poder Judicial contra el gobierno de México continúan y hoy resalta el favor de un juez a una empresa privada contra una ley minera aprobada por el Congreso.

Gabriel Regis López, juez décimo sexto de distrito en materia administrativa, otorgó una medida cautelar la cual protege a la compañía Cobre del Mayo contra todos los efectos de la citada legislación publicada en el Diario Oficial de la Federación.

De esa manera, el Poder Judicial sigue atizando el fuego contra los otros dos poderes y se mantiene al servicio de la oligarquía y el capital privado, denunciaron desde la bancada oficialista de Morena en la Cámara de Diputados.

Al declarar que el otorgamiento de suspensión definitiva a la empresa Cobre del Mayo la protege contra todos los efectos de la Ley Minera, el magistrado López, y por su conducto el Poder Ejecutivo, frena la reforma impulsada por el gobierno.

El Ejecutivo podrá impugnar la resolución, pero los jueces actúan en bloque.

La propia condición de suspensión definitiva de los efectos de la normativa anula o mediatiza la reforma, adiciones y derogaciones de disposiciones de la Ley Minera otras como las de Aguas Nacionales, Equilibrio Ecológico, Protección al Ambiente y Gestión Integral de Residuos de la Minería.

El juez solo dio a conocer el sentido de la sentencia pero no publicó el expediente, lo cual se hace muy sospechoso tanto para el Ejecutivo como el Legislativo cuyas resoluciones publicadas en el Diario Oficial, el juez López las convirtió en papel mojado en minutos sin que nadie más interviniera.

La empresa Cobre del Mayo opera la mina Piedras Verdes, en Álamos, Sonora, y cuenta con reservas probadas y probables de 515 millones de toneladas hasta 2029, según información oficial.

Dicha reforma reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones, establece la licitación como único método para otorgarlas, obliga a consultas previas con comunidades indígenas a las que se debe “remunerar” con cinco por ciento del proyecto.

Además, multiplica la tipificación de delitos, infracciones y obligaciones ambientales, exige obtener concesiones especiales para uso de agua, y otorga trato preferencial a paraestatales.

Nada de ello le conviene a la empresa privada, sea el caso de las mineras del cobre como las de carbón, oro, plata y multiplicidad de minerales que explota, por ejemplo, el multimillonario Grupo México, de Germán Larrea.

mem/lma

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