Hace varios meses fuentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el ente rector de los comicios de febrero de 2024, adelantaron que se trabajaba en un instructivo para regular cómo se presentaría el gobernante a la carrera por la presidencia, algo de los que hasta ahora muy pocos conocen.
La impuesta Sala de lo Constitucional interpretó al artículo 152 de forma que lo que antes era imposible ahora es una realidad, habrá reelección o nuevo mandato, como se le quiera llamar al deseo del mandatario de seguir dirigiendo los destinos del país, algo que, al menos, respalda la población consultada por encuestas.
Meses atrás el vicepresidente Félix Ulloa señaló que por ley a él le correspondía relevar en el cargo a su jefe para que este aspirara al gobierno, pero esa posibilidad quedó descartada cuando Nuevas Ideas los inscribió a ambos como integrantes de la fórmula que aspirará en febrero.
Ambos funcionarios deben solicitar un permiso por seis meses para dedicarse a la campaña electoral a partir del 1 de diciembre, medio año antes de retornar a la Casa de Gobierno si es que ganan la apuesta en las urnas el 4 de febrero, algo que es casi seguro, según indican las encuestas que le dan un respaldo a Bukele superior al 90 por ciento.
Según medios políticos, esa acción comenzará cuando el presidente envíe a la Asamblea Legislativa una terna, para que los legisladores elijan al primero y segundo designado a la Presidencia, quienes gobernarán el país desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 1 de junio de 2024 cuando inicia el próximo periodo.
Un informe del Diario Colatino señaló que se especula que podrían ser sus hermanos. La oposición cataloga estas acciones como inconstitucionales e ilegales ya que socavan la democracia pues la Carta Magna prohíbe en al menos seis artículos que un mandatario se puede reelegir.
Por estos vericuetos “constitucionales” se mueve el Partido Nuevas Ideas y su líder Bukele, quien llegó al gobierno bajo la sombrilla del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que ahora no llevará candidato pero mantendrá su respaldo al actual mandatario.
Otro aspecto que se mueve en este escenario es el transfuguismo pues como todo está sujeto a “interpretaciones”, el mandatario no puede ser acusado de cambiar de casaca, lo que es penado por la ley para otros cargos como el de diputados.
Bukele tampoco violaría la prohibición de transfuguismo, ya que cuando se aprobó esa norma no se contempló al presidente de la República, la reelección estaba prohibida.
Para muchos es una realidad que lo que ocurre ahora en El Salvador responde a un planificado efecto dominó que comenzó en mayo de 2021 cuando la Asamblea Legislativa recién electa, dominada por el partido Nuevas Ideas, aprobó la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y los sustituyó por jueces afines a Bukele.
La Asamblea destituyó también al entonces fiscal general de la República, Raúl Melara, y fue reemplazado por el exfiscal de crimen organizado, Rodolfo Delgado.
Ambas decisiones, tomadas con el voto de 64 de los 84 diputados gracias al apoyo de pequeños partidos aliados, eliminaron dos de los últimos límites institucionales al poder del presidente, que llegó al cargo a mediados de 2019 y cuyo partido arrasó en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021.
Hoy la mesa está servida, y por sinuosos caminos, Bukele se aproxima a la reelección sin importar lo que pueda o no establecer la Constitución.
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