La primera, cuyo ejercicio se gestó y desarrolló en el interior del país, instó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a que garantice y promueva el respeto al sufragio ciudadano en la primera vuelta del 25 de junio pasado, así como su apego a las leyes.
“Desde los ojos de las comunidades y pueblos indígenas acompañamos y defendemos el voto popular emitido en los territorios indígenas”, expresó mediante un comunicado.
La misión pidió que se resguarde esta decisión ante la ratificación del escrutinio del voto, mientras consideró que ese respeto debe ser un principio fundamental que caracterice a las elecciones generales 2023.
La Cámara de la Construcción, por su parte, recordó que la Constitución establece claramente que el presidente y vicepresidente de la nación, diputados y alcaldes, serán electos para un período improrrogable de cuatro años.
«Que la Corte de Constitucionalidad (CC), como máximo defensor del orden, está llamada a ponderar adecuadamente los diferentes derechos de los guatemaltecos”, subrayó.
En este sentido, es imprescindible que ese tribunal vele por la pureza del proceso electoral sin comprometer la salvaguardia de la alternancia en el poder, remarcó.
Que el TSE tiene la obligación de garantizar la más estricta adherencia a los plazos y procedimientos dictados en la resolución de la CC del 1 de julio de 2023, añadió la organización empresarial.
Esta cuestión asegurará la ejecución puntual de la segunda vuelta, que debe realizarse el 20 de agosto del presente año, en aras de asegurar una transición democrática sin demoras el 14 de enero de 2024, advirtió.
Que finalizado el proceso de revisión ordenado por la CC, no debe darse lugar a procesos o recursos que busquen obstaculizar la declaratoria de validez de las elecciones y la respectiva adjudicación de cargos, sentenció la Cámara de la Construcción.
El sábado último nueve partidos políticos presentaron un amparo ante la CC por impugnaciones a unas mil actas, las cuales significan el 0,82 por ciento de las 121 mil 227 procesadas, según analistas.
Ese tribunal, sin embargo, orientó una segunda revisión y, además, la suspensión de la adjudicación de cargos públicos hasta que finalice este proceso, maniobra que levantó muchas sospechas y desaprobaciones.
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