Exigió además al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acelerar la resolución pronta de los recursos de nulidad pendientes, toda vez que la Ley contempla que todos los días y horas se reportan hábiles.
“El limbo en que han sumido estas decisiones judiciales al proceso tiene a los candidatos que van a la segunda vuelta sin el derecho de hacer campaña, vulnerando y violentando su derecho”, señalaron en el texto.
La judicialización ha sido un arma que ha minado la credibilidad e integridad de la contienda al punto de llevar al desgaste extremo al órgano comicial, divulgó el Mirador.
Incluso, agregó, al voluntariado que participa activamente en las juntas y es el corazón que da certeza a las jornadas cívico-electorales.
“La ciudadanía merece certeza en el cumplimiento del calendario de los sufragios, por ello no más dilaciones”, reclamaron las organizaciones de la sociedad civil.
El sábado pasado nueve partidos políticos presentaron un amparo ante la Corte Constitucional por impugnaciones a unas mil actas, las cuales significan el 0,82 por ciento de las 121 mil 227 procesadas, según analistas.
Ese juzgado, sin embargo, orientó una segunda revisión y, también, la suspensión de la adjudicación de cargos públicos hasta que finalice el proceso, maniobra que levantó desaprobaciones y una fuerte presión social a las autoridades.
El TSE concluyó la víspera tres días de nuevas audiencias de escrutinio de los votos emitidos el 25 de junio pasado, pero este viernes remarcó que quedan aún otras etapas para oficializar los resultados.
La candidata presidencial Sandra Torres, exprimera dama y representante de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Bernardo Arévalo, del movimiento Semilla, esperan atentos para impulsar las estrategias de cara al venidero 20 de agosto.
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