Presuntos transportistas de los municipios de Quechultenango, Mochitlán y Chilpancingo se enfrentaron a más de 500 policías antimotines estatales y de la Guardia Nacional, tomaron a 10 de rehenes y ocuparon una camioneta, con la cual rompieron una puerta del palacio.
El supuesto objetivo, que tampoco está claro, es liberar a dos detenidos el pasado miércoles, presuntamente con drogas y armas, pero que se sepa, quienes fueron apresados el sábado pasado al parecer son individuos relacionados con la mafia, no con transportistas.
En Chilpancingo y comunidades aledañas cerraron tiendas departamentales, tiendas, restaurantes y se suspendieron las clases.
Los manifestantes agredieron a reporteros y representantes de los medios de comunicación, a quienes no dejaban acercarse. El gobierno del Estado difundió un comunicado en el que informó que el secretario de Gobierno, Ludwig Reynoso, dialogaba con una comitiva.
Por su parte, la gobernadora Salgado se pronunció sobre el tema y señaló que la negociación tiene lugar como parte de su “política de diálogo y no represión”.
Aclaró que el objetivo es transitar con quienes realizan esta protesta hacia la ruta del entendimiento y acuerdos, todo dentro del marco de la legalidad y garantizar el libre tránsito a la ciudadanía de esta capital.
Aseguró que desde las primeras horas del disturbio mantenía comunicación constante con las titulares de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, reiterando el compromiso de no represión.
A su vez, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, aseguró que no se separará del cargo tras la crisis de violencia que vive la capital, pues está sufriendo una campaña en su contra y que la violencia que se vive es provocada por fuerzas oscuras y perversas que no están de acuerdo con su Administración.
El antecedente del problema de este lunes lo explicó la secretaria de Seguridad Pública de Chilpancingo, Martha Icela Velázquez, quien afirmó que la violencia que se vivió el sábado, donde fueron asesinados seis choferes y atacadas nueve unidades del transporte público, se debe a una reacción del crimen organizado por una detención que hizo la policía estatal.
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