La sentencia fue emitida por unanimidad por los miembros de la segunda sala de la Corte Suprema, quienes además invalidaron una resolución previa del juzgado de apelaciones de la ciudad de Concepción, que establecía la prescripción del caso.
En su dictamen, los magistrados señalaron que por tratarse de una grave violación a los derechos humanos y de acuerdo con los tratados internacionales firmados por Chile, este tipo de causas no prescriben.
Por tal razón, el Estado deberá pagar al agraviado la suma de 60 millones de pesos (unos 75 mil dólares) por el daño moral, físico y psicológico causado.
Los hechos se remontan a los últimos años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando en Concepción, capital de la Región de Bío Bío, Ormeño fue detenido ilegalmente y sometido a crueles torturas siendo un adolescente.
De acuerdo con la Corte Suprema, el Estado debe responder por este tipo de acciones, porque es su obligación velar por el bienestar y seguridad de los ciudadanos, con independencia de la responsabilidad de los autores materiales.
El fallo resalta la importancia de mantener el trabajo para garantizar el respeto y la protección de las garantías fundamentales y que las instituciones judiciales apliquen las normas internacionales en materia de derechos humanos en sus decisiones.
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