En tal sentido aludieron a la reaparición de una estructura llamada Águilas Negras que, de acuerdo con Sergio Marín representante a la Cámara del Congreso (bicameral) por el partido Comunes, amenaza e intimida a cualquiera, en particular en el contexto del paro nacional.
Por su parte, el senador Gustavo Bolívar al referirse al vínculo del paramilitarismo con la represión de la fuerza pública a las manifestaciones pacíficas, enfatizó que los videos filmados en los lugares de los hechos ‘no alcanzan a contar todo el horror’.
Hay torturados y muchos heridos que no van a las clínicas porque de allá los sacan los fiscales o las Águilas Negras, denunció por medio de su cuenta en Twitter.
‘Escuchen a las familias de los desaparecidos. Muchas están amenazadas’, exhortó a una comisión internacional de derechos humanos de visita en Colombia para verificar las denuncias sobre la violencia contra las movilizaciones en el país.
La presidenta nacional del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Martha Peralta Epieyú, también denunció las amenazas de esa estructura contra la organización que dirige y responsabilizó al gobierno de lo que le suceda a la militancia.
‘¿Por qué nunca los capturan? ¿Cuáles son sus cabecillas?’, cuestionó la dirigente indígena y abogada del pueblo wayúu.
El senador de Polo Democrático Iván Cepeda, junto a colectivos de derechos humanos informaron a la Corte Penal Internacional, sobre la consolidación del paramilitarismo urbano durante el paro en Colombia.
El informe documenta tres mil 825 violaciones a los derechos humanos, entre el 28 de abril, cuando comenzaron las movilizaciones antigubernamentales, y el 2 de junio.
Puntualiza cifras recientes y nuevos casos de asesinatos, violación y violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos, privación grave de la libertad física; paramilitarismo urbano como nuevo modus operandi contra la protesta social, entre otros.
Revela evidencias de ataques armados llevados a cabo por civiles en presencia de policías y militares, en las ciudades de Cali, Popayán, Pereira, Tuluá, Yumbo y Bucaramanga.
El documento recalca que, frente a estos hechos, los denunciantes advierten el silencio y la ausencia de condena pública por parte del presidente Iván Duque y de superiores jerárquicos del gobierno.
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