El texto recoge y argumenta las acciones violentas y sistemáticas de la fuerza pública, desde el 28 de abril al 31 de mayo, durante las jornadas de protestas contra el gobierno de Iván Duque en el contexto del paro nacional.
Puntualizan que la represión con la que el Estado decidió enfrentar los reclamos de la ciudadanía deja un saldo de al menos tres mil 798 víctimas de violencia.
De esa cifra, mil 248 son víctimas de violencia física, 41 son homicidios, mil 649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas, 65 casos de agresiones oculares y 187 de disparos con armas de fuego.
Asimismo, esas organizaciones defensoras de los derechos humanos registran en el informe 25 víctimas de violencia sexual y seis basada en género.
El documento evidencia también casos de amenazas con desaparición forzada por parte de policías a las personas que son retenidas, complicidad de agentes de la fuerza pública con civiles que disparan armas de fuego, allanamientos y montajes judiciales contra líderes sociales, estudiantiles y juveniles, entre otras prácticas.
Las citadas organizaciones denuncian que, adicionalmente, las secuelas psico-sociales para las comunidades que vivieron esta difícil situación de derechos humanos son muy profundas y necesitarán de una serie de acciones de reparación y de reconstrucción del tejido social.
Reflejan que la mayor parte de estos hechos fueron perpetrados por la policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios y civiles al amparo de la fuerza pública.
El documento en el cual explican y evidencia estas violaciones entre otras, lo entregarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegó al país este domingo a solicitud de congresistas, organizaciones políticas y sociales, la cual solo se ha reunido hasta el momento con instancias gubernamentales.
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