Según establece la ley, ese organismo dispone de 48 horas para la entrega de la documentación, luego del arresto el martes de los involucrados en la llamada Operación Gavilán, que ejecuta la Procuraduría General de la República.
Esos individuos están implicados en una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que recibían sobornos por eliminar antecedentes penales relacionados con narcotráfico, asesinatos, robo, violaciones sexuales, entre otros delitos.
Este jueves la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, reveló que personal de la jurisdicción que dirige también recibió sobornos para eliminar registros oficiales de ciudadanos condenados, y aseguró que desconocía esas actividades ilegales, publicó Diario Libre.
De acuerdo con el Ministerio Público, con el trabajo de la supuesta red se beneficiaron sicarios, narcotraficantes, acusados de violencia sexual y de género, entre otros.
Durante los allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís, se ocuparon evidencias de los delitos antes mencionados, como dispositivos electrónicos, pruebas de transferencias bancarias, armas de fuego, automóviles, dinero en efectivo y copias de cédulas.
Entre los detenidos figura Pilar Irene Medina, fiscal adjunta del municipio de Jimaní, provincia de Independencia, según su representante legal, Juan de la Rosa.
Aunque aun se carece de información oficial, se estima que los 12 implicados hasta el momento fueron trasladados esta madrugada a la Unidad de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para la solicitud de las medidas de restricción.
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