Ahora el foco se concentra en las vacaciones del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en Marruecos desde hace dos días, algo aprovechado por el conservador Partido Popular (PP) para descalificarlas aduciendo “entreguismo a Rabat” y uso de “sospechosas sumas de dinero”.
Desde los escoltas que, razonablemente, deben acompañar a un mandatario aún en su esparcimiento, las supuestas concesiones de Sánchez a la administración marroquí, hasta el emplazamiento al líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a facilitar la investidura del PP al gobierno.
Tampoco pasó por alto el asunto de las vacaciones al Frente Polisario, que calificó el viaje del presidente en funciones y su familia a Marrakech, como muestra de su indiscutible apoyo a Marruecos.
En un comunicado, el representante en España del brazo armado del pueblo saharahui, Abdulah Arabi, remarcó que no obstante las explicaciones del Palacio de la Moncloa de que el viaje es privado, ‘conlleva aparejado un enorme contenido político’.
Consideró en ese sentido que la estancia de Sánchez en Marrakech es una muestra de su ‘respaldo absoluto a la ilegítima reivindicación mantenida por Marruecos respecto al Sahara Occidental’.
En lo interno, los comicios generales del 23J dieron como ganador al PP con 137 escaños, pero sin la mayoría suficiente para gobernar, ni siquiera con su socio de ultraderecha Vox.
A todas luces, ni la derecha ni la izquierda tienen los puestos suficientes para armar una administración, salvo que alguna de las dos partes ceda su espacio y permita una investidura, algo bastante improbable.
Todo queda pendiente a la fecha del 17 de agosto, cuando se instalarán las nuevas Cortes Generales (Parlamento) a partir de lo cual, el rey Felipe VI, en calidad de jefe de Estado, podrá llamar a todos los grupos para decidir una propuesta de investidura.
Se sometería entonces a debate en el Congreso de Diputados y de no avanzar en una votación que requiere de mayoría absoluta, pudiera repetirse o que el monarca acuda a otra alternativa.
Todo hace pensar que, como mínimo, España seguirá con una administración en funciones hasta entrado el otoño y, en el peor de los casos, si no llegasen a acuerdos parlamentarios, sería necesario convocar a elecciones en el plazo de 47 días, es decir fines de diciembre o enero de 2024.
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