El 25 de julio, cientos de miembros de comunidades como la atacama, quechua, humahuaca, ocloya y guaraní, partieron desde ese territorio del norte del país en una marcha conocida como el Malón de la Paz y arribaron a esta ciudad el 1 de este mes.
Los participantes en la iniciativa condenan la violación de sus derechos y el uso de la fuerza contra quienes se opusieron a las políticas del gobernador Gerardo Morales y a una reforma de la constitución jujeña.
Con el respaldo de organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Agrupación Andes y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, los participantes en el Malón entregaron un documento a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde demandan ser escuchados, refirió la agencia de noticias Télam.
De acuerdo con ese medio de prensa, 10 representantes de los pueblos indígenas querían reunirse con los jueces de la CSJ, pero no fueron recibidos.
«Nos sentimos discriminados. Queremos denunciar que estamos en la plaza Lavalle a la intemperie porque no nos permiten colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños”, afirmó el cacique Néstor Jerez.
No regresaremos a Jujuy hasta obtener una respuesta. Seguiremos firmes porque traemos el mandato de nuestras comunidades, añadió.
Otros impulsores de la iniciativa dialogaron en el Congreso de la Nación con un grupo de diputados para solicitar la conformación de una comisión bicameral que investigue lo ocurrido en Jujuy y declare ilegal la reforma impulsada por Morales.
Entre los aspectos que generaron mayor descontento se encuentra el artículo 67, el cual establece que, para garantizar el derecho a la paz social, se prohíben los cortes de calles y rutas, así como toda manifestación que pueda ser considerada violenta, lo cual es determinado por la Policía.
Por su parte, el 94 y 95 disponen el control sobre las tierras y el agua, lo cual afecta a las comunidades originarias que no fueron escuchadas por quienes redactaron el texto.
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