Según la Secretaría de Derechos Humanos, los imputados formaron parte del Departamento de Informaciones (D2), especializado en tareas de inteligencia contra militantes y organizaciones políticas desde antes de la última dictadura cívico-militar en este país (1976-1983).
De acuerdo con ese organismo, el D2 fue uno de los principales brazos ejecutores del terrorismo de Estado en la provincia de Mendoza y en sus dependencias funcionó el mayor centro clandestino de detención de ese territorio.
Se juzgarán secuestros, tormentos, homicidios, robos, lesiones, abusos y violaciones cometidas entre agosto de 1974 y abril de 1981 contra más de 300 ciudadanos, de los cuales 71 fueron asesinados o desaparecidos. Más de una docena de las víctimas era menor de edad cuando ocurrieron los hechos, indica un comunicado de la Secretaría.
Además, precisa que 15 de los procesados nunca fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad y se sentarán por primera vez en el banquillo de los acusados.
En tanto, el resto ya tiene condenas previas como parte de alguno de los 12 juicios que se realizaron en la provincia desde 2010.
En ese listado se encuentran Carlos Faustino Álvarez, Armando Osvaldo Fernández, Abelardo Santiago Garay, Rubén Darío González, Pablo José Gutiérrez y Julio Héctor La Paz, entre otros.
Reportes oficiales indican que en la actualidad se llevan adelante 15 procesos orales en diferentes regiones de esta nación y la Secretaría es querellante en 10 de esas causas.
Desde el fin de la dictadura, hace 40 años, fueron condenados en Argentina mil 179 genocidas.
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