La norma, dijo el gobernante, viene a llenar un vacío legal que creaba entre la sociedad la percepción de un doble sistema de justicia, uno blando y permisible para los ricos y otro rígido aplicable sólo a los pobres.
Esto ocurría debido a que las sanciones para casos como el lavado de dinero, enriquecimiento ilícito o corrupción no se correspondían con la gravedad o los montos defraudados.
Muchas veces, dijo Boric, las penas se cumplían en libertad o el castigo consistía solamente en enviar al culpable a vergonzosas clases de ética, como ocurrió con emblemáticos casos de corrupción.
La sensación de la existencia de dos varas distintas debilita la confianza de las personas en las instituciones y daña la cohesión social, dijo el mandatario.
A partir de ahora, señaló, se acabaron los tratos especiales para las personas condenadas por delitos tributarios y malversación de fondos públicos, entre otros, gracias a la tipificación de nuevos ilícitos y la actualización del lavado de activos.
Independientemente de la sanción judicial resultante, los culpables deben pagar siempre una multa, cuyo monto tendrá relación con la gravedad de los hechos y su permanencia en el tiempo.
Además, todo aquel que resulte condenado por esta nueva ley quedará automáticamente inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos o gerenciales, así como de firmar contratos con el Estado.
Quedarán restringidas al máximo las posibilidades de cumplir las condenas en libertad y se decomisarán todos los bienes y riquezas acumuladas como resultado de las ilegalidades.
La legislación también creó el delito de atentado contra el medio ambiente aplicable a casos como la contaminación de fuentes de agua y suelos, daños a parques o reservas nacionales y humedales y otras formas de agresión a la naturaleza.
El presidente Boric recordó cómo durante el proceso de creación de la normativa hubo sectores empresariales, sin especificar a ninguno, que recurrieron a todas las instancias, incluso el Tribunal Constitucional, en un vano esfuerzo por impedir su aprobación.
“Con esta ley desde hoy tenemos un sistema sólido que nos ayudará a tener un Chile más justo y a recorrer el largo camino de la construcción de confianza” concluyó el mandatario.
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