La nueva propuesta sobre extinción de dominio de bienes ilícitos sancionada por el Consejo de Gabinete, será presentada por el ministro de Seguridad Juan Manuel Pino, como en anteriores ocasiones.
La iniciativa busca combatir la delincuencia organizada mediante la aplicación de medidas de cooperación internacional de los sistemas judiciales, organismos policiales y de investigación para la identificación, ubicación, localización y recuperación de activos ilícitos.
Un comunicado de la Presidencia de la República señala que la delincuencia organizada es un problema global que escapa del ámbito nacional y se busca golpear el músculo financiero de las organizaciones criminales fortaleciendo el Estado de derecho.
Además, la norma permite cumplir con acuerdos suscritos con organismos internacionales para combatir la delincuencia y la corrupción, agrega el texto.
El proyecto incluye cambios al anterior contenido, archivado por los diputados, entre estos que especifica los delitos que serían investigados como blanqueo de capitales, terrorismo, financiamiento del terrorismo, trata de personas, narcotráfico y asociación ilícita para delinquir.
La iniciativa tiene entre sus características la declaración ilícita de los bienes, por lo que no va contra la persona, según explicaron.
Sobre esta iniciativa, Jonathan Riggs, secretario general del Ministerio de Seguridad, su principal ente impulsor, explicó a Prensa Latina que debe ser vista como una herramienta para enfrentar delitos como el narcotráfico y la corrupción, pero ha encontrado en el camino varios tropiezos.
Según Rigss, entre los aspectos procesales que han estancado el debate están las nulidades en caso de que hayan objeciones por parte de la defensa en torno a cómo se inicia el proceso de extinción de dominio y las pruebas que debe presentar la Fiscalía.
Además cuestionan los tiempos de investigación y la jurisdicción especial, que si estará en el Órgano Judicial o en el Ministerio Público, trascendió.
Acerca de la norma el propio Pino, dijo a la prensa que, de sancionarse, el 80 por ciento de lo incautado será para obras sociales, de ahí la importancia de la existencia del instrumento jurídico para enfrentar el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y otros delitos asociados al crimen organizado.
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