El jefe de Gobierno adelantó la tercera de las preguntas incluidas en el referéndum, que también comprende asuntos relativos a la privatización de empresas públicas y el posible retraso en la edad de jubilación.
En este sentido, la población acudirá a las urnas para expresar su opinión respecto a «¿apoya la admisión de miles de migrantes ilegales de Oriente Próximo y África conforme al mecanismo de reubicación forzada impuesto por la burocracia europea?».
Durante el anuncio, el primer ministro alegó que la seguridad de Varsovia es crucial y, por ello, su Gobierno no concuerda con esa política respaldada por la mayoría de los países miembros del bloque regional.
Dentro del grupo, solo Polonia y Hungría manifestaron una postura contraria a esa disposición que, de acuerdo con Morawiecki, presuntamente oculta de nuevo una amenaza de sanciones.
En correspondencia con esa postura, pidió el «no» ciudadano bajo el argumento de un aparente aumento de la inseguridad en otras naciones del área, a su juicio, asociado a la inmigración, informó este domingo la agencia de noticias oficial PAP.
La normativa, avalada a comienzos de junio último por los ministros del Interior de la UE, plantea obligaciones, entre ellas, que los territorios negados a la aceptación de traslados de migrantes deberán abonar 20 mil euros por cada persona rechazada.
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