El grupo de organizaciones de la sociedad civil estimó un contexto atípico debido a la serie de acciones emprendidas por el Ministerio Público (MP) en contra del proceso de los sufragios, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del partido Movimiento Semilla, en la carrera política.
La MOE-GT expuso que las acciones emprendidas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, “han generado un ambiente de tensión y de incertidumbre” en todo el país que podrían desencadenar en disturbios a nivel local.
Entre el 1 de enero y el 5 de agosto, registró 114 hechos de violencia electoral y 151 de conflictividad distribuidos a lo largo y ancho de la nación, mientras identificó nuevos departamentos que se podrían sumar, entre ellos Guatemala y Quetzaltenango, subrayó.
En la primera vuelta señaló que era más probable que ocurrieran en San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Petén e Izabal, y algunos focos aislados en otros.
Los hechos de violencia -precisó- alcanzaron mayor escala entre el 25 y el 27 de junio, antes, durante y después de las votaciones, con 41 incidentes de violencia y 82 de conflictividad.
Planteó durante la entrega del séptimo informe sobre la situación comicial en Guatemala que “las acciones preventivas y reactivas por parte del Estado serán fundamentales para garantizar la integridad del proceso”.
Para la MOE-GT es de vital importancia que el TSE persista en la implementación de medidas encaminadas a prevenir cualquier manifestación de violencia y conflicto electoral en el contexto de la segunda vuelta.
Unos 9,3 millones de guatemaltecos acudirán a las urnas para definir, entre las propuestas del partido Movimiento Semilla y la Unidad Nacional de la Esperanza, el mandatario y vicemandatario.
Bernardo Arévalo y Karin Herrera, del primero, o Sandra Torres junto a Romeo Guerra asumirían sus cargos el 14 de enero de 2024, hasta el 2028.
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