El pasado lunes, el gobierno de Gustavo Petro en representación del Estado Colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciaron en Caracas, Venezuela, el cuarto ciclo de diálogos en busca del fin del conflicto interno.
En una declaración conjunta, las partes reafirmaron su convicción sobre la trascendencia de la participación de la sociedad en este proceso y de las transformaciones como base de la paz y de un acuerdo nacional.
Explicaron que los avances de la mesa quedan plasmados, igualmente, en el cumplimiento del cronograma previsto para la implementación de los acuerdos de participación social y del cese al fuego.
Con relación al primero, fue instalado el Comité Nacional de Participación con sus integrantes, su instancia de coordinación, su Secretaría Técnica y sus cinco comisiones de trabajo, y se dieron los primeros pasos para el despliegue de 25 procesos nacionales y territoriales para el diseño de dicha participación.
En cuanto al Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal, luego del pasado 6 de julio se ha conseguido ampliar el mandato de la misión de verificación del Consejo de Seguridad de la ONU.
Además, poner en marcha en todo el país el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y abrir canales de comunicación para evitar enfrentamientos.
Esta semana, la Fiscalía General confirmó que fueron llamadas unas 50 personas por el entramado de corrupción relacionado con la empresa brasileña Odebrecht en la construcción de la carretera Ruta del Sol II.
Se citaron a imputación 33 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, dentro de la primera línea de investigación referida a las supuestas irregularidades en la contratación pública celebrada por Odebrecht en Colombia de 2009 a 2016, en lo relacionado con el contrato de concesión de la Ruta del Sol II,
Por otra parte, también imputará a 22 personas más, entre ellas directivos extranjeros de la constructora y contratistas que intervinieron en un entramado de corrupción con el cual ejecutivos de Odebrecht habrían creado una empresa criminal para entregar más de 80 mil millones de pesos (unos 19,5 millones de dólares) en sobornos en Colombia.
Los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, serán los cargos a este segundo grupo, entre quienes se encuentran Marcelo Odebrecht, quien fue presidente del conglomerado entre 2008 y 2015, entre otros.
Esta actuación de la Fiscalía se dio a conocer luego que el presidente colombiano, Gustavo Petro, notificara la importancia de reformar la justicia en el país ante hechos de corrupción como este que permanecen en la impunidad.
El gobernante señaló que «esa relación incestuosa entre el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y el grupo Aval impidió un juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados que hoy por hoy son altos dirigentes políticos».
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