En dicho testimonio se informa que se organizó una campaña de desprestigio entre un fiscal general, un magistrado del «cartel de la toga» y el paramilitarismo contra mí, señaló.
La semana pasada durante el Encuentro por la Verdad y la No Repetición, celebrado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, alias Macaco reveló que el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez y el expresidente de la Corte Suprema José Leonidas Bustos ejecutaron un plan para declarar como objetivo militar a Álvaro Leyva, Iván Cepeda y al hoy presidente Gustavo Petro.
El exparamilitar afirmó que aportará con detalles información acerca del apoyo incondicional del exmagistrado José Leionidas Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente la imagen de Petro a través de la Fiscalía .
El excomandante del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia reveló que dará más pormenores sobre esta denuncia durante la Audiencia Única de Aporte a la Verdad, ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Tras estas declaraciones, Petro subrayó que “en mérito de las razones y consideraciones fácticas y jurídicas anteriormente expuestas” solicita que se le “acredite como víctima directa en el marco de los aportes de hechos relacionados con delitos del conflicto armado ante la JEP del exparamilitar.
Asimismo, pidió que se dé inicio a las actuaciones penales correspondientes, en ocasión de los delitos reconocidos en las declaraciones públicas del señor Carlos Mario Jiménez, alias «Macaco», en sus respectivos ámbitos de competencia.
Por ello solicito sea escuchado el denunciante bajo gravedad de juramento lo más pronto posible, enfatizó Petro.
Tras las afirmaciones del exparamilitar, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP lo citó para el 8 y 9 de noviembre próximos a una Audiencia Única de Verdad que será excepcional e irrepetible.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en 2016.
La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado.
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