El 25 de julio, cientos de integrantes de pueblos como el atacama, quechua, humahuaca, ocloya y guaraní partieron desde ese territorio del norte del país en una marcha conocida como el Malón de la Paz y arribaron a esta ciudad el 1 de este mes.
La víspera, participaron en una movilización en el centro porteño, una reunión con funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y un acto en las proximidades del Congreso de la Nación.
El 18 de este mes, representantes del Malón fueron recibidos por el presidente Alberto Fernández y acordaron crear una comisión para investigar lo sucedido en Jujuy y garantizar la seguridad de los pueblos originarios.
Los participantes en la iniciativa condenan la violación de sus derechos y el uso de la fuerza contra quienes se opusieron a las políticas del gobernador Gerardo Morales y a una reforma de la constitución jujeña. Con el respaldo de organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Agrupación Andes y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, los integrantes del Malón entregaron un documento a la Corte Suprema de Justicia donde demandan ser escuchados.
Entre los aspectos que generaron mayor descontento se encuentra el artículo 67 de la nueva Constitución de Jujuy, el cual establece que, para garantizar el derecho a la paz social se prohíben los cortes de calles y rutas, así como toda manifestación que pueda ser considerada violenta, lo cual es determinado por la Policía.
Por su parte, los artículos 94 y 95 disponen el control sobre las tierras y el agua, lo cual afecta a las comunidades originarias que no fueron escuchadas por quienes redactaron el texto.
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