La magistrada Sylvana Karina García determinó la participación del imputado en reiterados delitos de abuso de autoridad y de lesiones graves contra detenidos en el Batallón de Ingenieros de Combate número cuatro de Laguna del Sauce, departamento de Maldonado, durante el régimen de facto.
El dictamen consigna que en esa instalación militar los detenidos «permanecían encapuchados, maniatados, incomunicados y sometidos durante días e incluso meses a diversos apremios físicos, como plantón, golpiza, submarino, picana eléctrica, colgamientos y caballete, entre otros, los que acompañaban los extensos interrogatorios”.
Añade que “se les limitó la alimentación, el agua y el acceso al baño para realizar sus necesidades básicas, en una clara violación de los derechos humanos con el único fin de que estos admitiesen su participación o vinculación a organizaciones o partidos políticos prohibidos por la dictadura”.
La sentencia detalla que en el período comprendido entre 1975 y 1985, el doctor Braga era quien se encargaba de revisar a los reclusos, con «pleno conocimiento de los aberrantes apremios a los cuales los detenidos eran sometidos”.
El documento incluye relatos de los denunciantes, quienes afirman que, según la valoración del médico, las torturas seguían o eran suspendidas.
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