El pasado domingo, el Comité Nacional de Paro que aglutina a sindicatos, gremios, organizaciones estudiantiles, entre otras, decidió suspender las pláticas ante la negativa del gobierno para la firma de un preacuerdo alcanzado el 24 de mayo sobre garantías para la protesta social.
Tras ocho días de intensas conversaciones y lograr dicho compromiso, el gobierno dijo que lo sometería a consulta interministerial.
Ante esa postura, el Comité Nacional de Paro subrayó que el gobierno dilata la negociación del pliego de emergencia porque debatirlo y aprobarlo implicaría tratar peticiones que conllevan obligaciones sociales para beneficiar a millones de colombianos que el gobierno no quiere atender.
Recalcó que, en vez de actuar con diligencia para oír los reclamos de la juventud, las comunidades, los camioneros y del Comité y solucionarlos, el gobierno decidió hacer uso desmedido de la fuerza pública con saldo de 77 homicidios, mil 246 heridos, dos mil 808 detenidos, 106 mujeres víctimas de violencia sexual y decenas de jóvenes con lesiones oculares.
Estas cifras muestran el cuadro dantesco del tratamiento dado a la protesta social pacífica, acentuó el Comité.
En ese escenario, el senador de Polo Democrático Iván Cepeda y colectivos de derechos humanos informaron a la Corte Penal Internacional, sobre la consolidación del paramilitarismo urbano durante el paro en Colombia.
Cepeda y las organizaciones Temblores, Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, y otras, entregaron un segundo informe sobre la situación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el contexto de las movilizaciones sociales.
Por otro lado, varios congresistas y políticos calificaron de infame el resurgimiento del paramilitarismo en ciudades de Colombia mientras el gobierno cobija a la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Aludieron a la reaparición de una estructura llamada Águilas Negras que, de acuerdo con Sergio Marín representante a la Cámara del Congreso (bicameral) por el partido Comunes, amenaza e intimida a cualquiera, en particular en el contexto del paro nacional.
Asimismo, en medio de señalamientos contra la fuerza pública por la violencia contra los manifestantes, la asistencia militar a la policía y el parmilitarismo, el domingo el presidente Iván Duque anunció una propuesta de reforma integral a ese cuerpo.
En opinión de Ramiro Bejarano, abogado y profesor en varias universidades colombianas, se trata de ‘más maquillaje para intentar ocultar la represión oficial’.
Por su parte, el también profesor Gabriel Becerra y columnista del semanario Voz, opinó que la reforma propuesta es una demagogia inocultable ‘del mal gobierno’ y recalcó que a la policía de Colombia no hay que modernizarla sino ‘refundarla’.
Las manifestaciones contra una reforma tributaria impulsada por el gobierno de Duque comenzaron en Colombia el 28 de abril último.
Aunque el mandatario decidió retirar la propuesta de ley para analizar y cambiar el texto, las protestas siguen en el país y también la represión ejercida por la fuerza pública.
Se trata del estallido social más prolongado y aglutinador de los de los últimos 70 años en esta nación suramericana y luego de 45 días, el 75 por ciento de los colombianos considera que el país debe seguir en paro, de acuerdo con una encuesta de la firma Mobimetrics.
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