Las organizaciones encartadas son Democracia Viva, ubicada en la norteña región de Antofagasta, y En Ti, de Biobío, contra quienes ya se hicieron varias denuncias en el ramo civil.
Respecto a la primera de ellas, provocó un escándalo político que involucró a funcionarios del Gobierno y a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados Catalina Pérez.
El representante regional del ministerio de la Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras, del partido Revolución Democrática (RD), firmó un convenio por unos 530 mil dólares con Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, pareja de esa legisladora.
Además del evidente conflicto de intereses, la fundación carecía de experiencia y personal calificado para ejecutar la tarea por la cual recibió el dinero, que era construir viviendas para familias ubicadas en campamentos precarios.
Democracia Viva se negó a devolver el total de los fondos reclamados por el Estado y sólo entregó una parte.
Como consecuencia renunciaron a sus cargos Contreras y la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, mientras la diputada Pérez, también de RD, suspendió sus funciones como vicepresidenta de la Cámara de Diputados.
En cuanto a la fundación En Ti, esta fue “alquilada” por 12 mil 500 dólares por Camila Polizzi, excandidata a la alcaldía de Concepción, capital del Biobío, para recibir por esa vía fondos del Estado con el supuesto objetivo de mejorar un sector desfavorecido de la urbe.
Las sumas asignadas, 312 mil dólares, fueron distribuidas a personas cercanas a Polizzi o gastadas en ropa y otros objetos personales.
Aparte de las faltas administrativas, el Consejo de Defensa del Estado considera que hay suficientes evidencias criminales en ambos hechos, del escándalo conocido aquí como Caso Convenios.
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