En un comunicado en las redes sociales, la agrupación denuncia que la creación de un panel de controversias contra la prohibición en México de ese tipo de grano bajo el tratado comercial tripartido, evidencia la intención de Estados Unidos y Canadá de “enajenar la soberanía nacional y alimentaria”.
Además, agregó, es la imposición de un modelo agroalimentario que ha tenido graves consecuencias como una mayor migración, epidemias de obesidad y diabetes, y una fuerte crisis en el campo que nos vuelve dependientes de las importaciones de productos básicos como el maíz amarillo, provenientes de una elite de productores beneficiados con subsidios millonarios.
En un posicionamiento sobre la solicitud planteada por los gobiernos de los dos países miembros del acuerdo comercial, la agrupación sostuvo indispensable apoyar la posición del gobierno mexicano, toda vez que se basa en el derecho inalienable a la salud, así como a los de un medio ambiente sano y la biodiversidad de los maíces nativos de México.
Las organizaciones que conforman la Campaña Nacional destacaron que el decreto presidencial que ordena la sustitución progresiva del uso del herbicida glifosato y la prohibición del maíz genéticamente modificado, publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2020, “inició la oportunidad histórica de materializar cambios profundos ante el modelo neoliberal”.
No obstante, tan pronto apareció el primer decreto “iniciaron las presiones del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones agroalimentarias a las que representa” y desembocaron en una petición de consultas técnicas en junio de 2023, cuestionando las bases científicas en que se sustenta dicho decreto, señala la campaña.
Denunció que el gobierno estadounidense se ha negado, pese a que fueron presentadas las pruebas necesarias y el gobierno mexicano ha propuesto incluso realizar una investigación conjunta con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y los maíces transgénicos a la salud humana.
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