La organización condenó la inacción de las autoridades policiales y judiciales, luego que fieles que participaban de una marcha religiosa contra la inseguridad fueran baleados por grupos armados.
Más de 20 personas perecieron en el incidente, otras resultaron heridas o secuestradas, denunció la plataforma.
Dado que la actividad fue anunciada públicamente, las autoridades policiales y judiciales de los municipios afectados tenían que hacer todo lo que estuviera en su mano para impedirla, sostuvo la instancia.
Agregó que, teniendo en cuenta los resultados catastróficos, hay que establecer una doble responsabilidad: la de estas autoridades y la del pastor Marcorel Zidor, conocido como Marco que organizó la protesta.
“Más allá de los problemas internos, la policía nacional es una fuerza de seguridad barata, con unos tres mil policías para llevar a cabo tareas de seguridad para 12 millones de habitantes, sin helicópteros, sin tecnología punta y sin drones adecuados”, deploró.
La víspera, el director general de la Policía, Frantz Elbé, anunció que se abrió una investigación para establecer responsabilidades en el suceso, y aseguró que los manifestantes burlaron el dispositivo de seguridad e hicieron caso omiso a las advertencias.
No obstante, varias organizaciones de derechos humanos criticaron las declaraciones y afirmaron que los oficiales no cumplieron con su misión de proteger y servir.
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